Por unanimidad, se le otorga autonomía y presupuesto propio
Mérida, Yucatán, 24 de octubre de 2019.- La LXII Legislatura aprobó por unanimidad las reformas a la Constitución Política de Yucatán para darle autonomía y cambiar de Vice fiscalía a Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con un presupuesto propio y autonomía técnica y de gestión total.
En la sesión ordinaria de este miércoles, todas las fuerzas políticas también avalaron por unanimidad las modificaciones a la Carta Magna yucateca, en materia de inhabilitación por faltas administrativas y hechos de corrupción a funcionarios públicos y particulares.
Con respecto a la Fiscalía Anticorrupción, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI) destacó que este dictamen permitirá dejar fuera a quienes cometen actos de corrupción “dando un mensaje claro a los yucatecos de que (la corrupción) no puede ser tolerada”.
“Darle autonomía a la Fiscalía significa libertad en sus funciones, pero también asumir su responsabilidad ante los yucatecos”, recalcó.
Rosa Díaz Lizama (PAN), manifestó que se entrega una herramienta a los yucatecos para que puedan conocer si existen actos de corrupción y se castigue a quien incurra en ellos, además de que no se generarán gastos en este traslado, porque los recursos humanos y económicos, serán los mismos que tiene la actual Vicefiscalía.
Con respecto a la inhabilitación por casos de corrupción, Silvia López Escoffié (MC) indicó que tiene el objetivo de evitar que quienes solo buscan el interés personal, “no sigan cerca o estén en el gobierno”, con la inhabilitación para trabajar en cualquier nivel o instancia del mismo.
“Cero tolerancia a la corrupción y fin a la impunidad”, enfatizó.
Karla Franco Blanco (PRI), agregó que este dictamen también sanciona a particulares que hayan sido involucrados en estos actos ilegales, para que no puedan acceder a arrendamientos o licitaciones por parte del gobierno.
En la misma plenaria, diputadas y diputados aprobaron por unanimidad el dictamen para desechar la iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado, que proponía calcular el pago de jubilaciones y pensiones del ISSTEY en Unidades de Medidas de Actualización (UMAs).
Franco Blanco, señaló que de no desechar esta iniciativa sería un acto ilegal y violatorio a los derechos de los trabajadores; así mismo, Luis Aguilar Castillo (NA) recalcó que es un acto de justicia, por lo que la actual Legislatura debe ser recordada por darle estabilidad a quienes están al servicio del Estado, jubilados y pensionados.
“Yo soy jubilado, nunca atentaría contra los trabajadores porque atentaría contra mí, contra mi familia y contra todos los empleados”, reiteró Aguilar Castillo ante la presencia de maestros y maestras de las secciones 33 y 57 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE).
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