Sólo cubre casi un cinco por ciento de las necesidades de una población, señaló especialista
Mérida, Yucatán, 26 de septiembre de 2018.- La cobertura de saneamiento de agua en Yucatán es muy baja, ya que sólo cubre casi un cinco por ciento de las necesidades de una población de 2 millones de habitantes y padece graves desequilibrios en la sobreexplotación de los acuíferos, advirtió Moisés Gonzalo Gómez Pérez, director general de Ingeniería y Consultoría Tecnológica, Incotex.
Eso sí, recalcó que los meridanos pagan cuotas muy bajas por el servicio de suministro y saneamiento del vital líquido, con un desfase de más de una década.
“Aunque hay avances en materia de saneamiento aún es insuficiente y existe un volumen indeterminado de aguas contaminadas que no son detectadas, que se pierden en las redes de desagüe o que se descargan de forma ilegal directamente”, abundó.
Recordó que la principal fuente de abastecimiento para la población del estado son las aguas subterráneas con las cuales se satisfacen sus necesidades domésticas, comerciales, industriales, incluidas las actividades productivas.
Explicó que a vulnerabilidad se define como el riesgo de que las aguas subterráneas se contaminen por alguna sustancia, en concentraciones por encima de los valores recomendados por la Organización Mundial de Salud (OMS).
Señaló que ante la escasa cobertura de saneamiento en la entidad de apenas el cinco por ciento, para una población de dos millones de habitantes se requiere que sea tratada antes de depositarla en el manto freático.
Estableció que uno de los principales problemas de contaminación del agua subterránea en la Península de Yucatán son las descargas de aguas residuales por la falta de un adecuado y suficiente drenaje sanitario, así como poca infraestructura de tratamiento.
Dijo que ante tal situación, existen diferentes soluciones para enfrentar tal problemática como los es el pre tratamiento, el tratamiento primario, secundario y terciario de aguas residuales, para lo cual se necesita inversión por parte del estado y que los usuarios paguen un precio real por el servicio de distribución y saneamiento de vital líquido.
Finalmente, consideró que se debe aplicar la ley de una manera más rígida a todas aquellas empresas que contaminan las aguas subterráneas, toda vez que ello conlleva un atentado en contra de la sociedad en su conjunto. (Javier Escalante)