Encargado de la Procuraduría Agraria en Yucatán no da declaraciones sobre el bloqueo de la dependencia.
Mérida, Yucatán, 19 de julio de 2019.- Han pasado aproximadamente cuatro días desde que un grupo de ejidatarios tomaron las instalaciones de la Procuraduría Agraria y hasta la fecha no hay indicios de que vayan a ser desalojados.
En entrevista para Desde el Balcón, el procurador Alfredo Ramírez Gómez afirmó que “por el momento no podemos enfrentarnos con la ciudadanía, somos servidores públicos; ha habido diálogo con ellos, están cerrados en el tema”.
Desde el pasado martes un grupo de poco más de mil 200 ejidatarios provenientes de Mérida, Kanasín, Chocholá, Samahil, Seyé, Ixil, Ucú, Tetiz, Tecoh, Hunucmá, Muxupip y Chablekal, tomaron las instalaciones de la Procuraduría, permitiendo a los empleados desalojar el lugar al tiempo que ellos ingresaban.
Los inconformes acusaron al Procurador de generar acciones que violentan las asambleas y dañan la autonomía ejidal, por lo que solicitan su destitución y advirtieron que no se moverían hasta que fuera removido, además informaron que una comitiva se trasladaría a la Ciudad de México para hablar con las autoridades federales correspondientes, además de entrevistarse con Diputados y Senadores para que tomaran cartas en el asunto.
Además, un día después de la toma de instalaciones, un grupo a fin al funcionario federal, realizó una rueda de prensa, en la que acusaron al empresario francés Oliver Dutoit Caldairou de “mover los hilos” de la manifestación.
En su momento, Luis Armando Chuc Sánchez, quién fue presidente del Consejo de Vigilancia del ejido de Motul de 2015 al 2018, señaló que su plan es remover al actual titular de la PA, Alfredo Ramírez Gómez, pues las decisiones más recientes de éste le están perjudicando en sus proyectos de apropiación de cientos de hectáreas en Motul.
Añadió que Olivier Dutoit desalojó a los “acasillados» de la hacienda Santa Teresa, en Motul, cuyo casco adquirió y despojó mediante engaños a los vecinos, desalojándolos luego por medio de la fuerza pública.
Al respecto, Ramírez Gómez se negó a pronunciarse al respecto, argumentando que serían las “autoridades correspondientes” las encargadas de resolverlo; a pregunta expresa sobre qué autoridad es esa, aseguró no tener el dato, sin embargo se comprometió a revisar la forma de proceder y “en su momento y con mucho gusto les daremos la información”
“Yo no puedo dar ninguna declaración en este momento, cuando sea el tiempo indicado se fijará una postura”, finalizó.
Karen Clemente.