Como los alcaldes que buscarán reelegirse no tendrán que pedir licencia, vigilarán que no desvíen recursos a la campaña
Mérida, Yucatán, 4 de septiembre de 2017.– La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), María de Lourdes Rosas Moya reconoció que ante la posibilidad de que los alcaldes no tengan que pedir licencia para reelegirse, seguramente habrá muchas quejas y denuncias por mal manejo de recursos públicos durante el proceso electoral del 2018.
En entrevista, dijo que este organismo acatará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que falló en contra de la reforma electoral de Yucatán que planteaba que los presidentes municipales, regidores y quien presida la Junta de Gobierno del Congreso del Estado interesados en la relección, tengan que separarse de su cago 120 días antes de los comicios.
Con la resolución de los ministros –luego de la impugnación de la dirigencia nacional de Morena-, ya no será obligatorio que esos funcionarios pidan licencia para competir por el cargo público que ostentan actualmente.
Rosas Moya se pronunció a favor de esta decisión de la Corte, pues recalcó que el principio de la reelección obedece a que la ciudadanía evalúe el desempeño de esos servidores públicos, “entonces resultaría un contrasentido separarse de su cargo para competir por ese mismo que están desempeñando”.
Por tal razón, agregó, el IEPAC no solicitará a los interesados en registrarse a candidaturas de reelección que acrediten que se han separado de su cargo.
Sin embargo, señaló que como los alcaldes manejan recursos públicos de los ayuntamientos, lo más probable es que sus adversarios los denuncien ante ese instituto por mal uso de éstos en las campañas.
“Desde luego hemos considerado que habrá muchas quejas y denuncias, eso siempre sucede, pero el uso de recursos públicos en los procesos electorales está prohibido para cualquier funcionario, no solamente para quienes contiendan por una reelección”, aclaró.
Incluso recalcó que ningún servidor público puede usar dinero del erario para apoyar partidos políticos o candidatos durante el proceso electoral, “lo estaremos vigilando”.
«Tendremos un gran equipo de Oficialía electoral monitoreando que no hagan mal uso de recursos, con apoyo de la ciudadanía y a través de las denuncias, verificando que se cumpla la ley”, señaló.
La consejera dijo que de detectarse ilegalidades en los procesos electorales, como por ejemplo excederse en los topes de campaña o precampaña, la autoridad electoral puede interponer sanciones, no aceptar el registro de candidatos o hasta anular las elección.
“Pero los partidos políticos cada vez son más consientes, y seguramente tomarán precauciones para no hacer mal uso de recursos y presentar adecuadamente los informes de las prerrogativas que reciban a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE)”, apuntó. (Herbeth Escalante)