Mientras que la empresa Heliservicio podría recibir una multa de 2 MDP, tras el aterrizaje ilegal del helicóptero en Arrecife Alacranes
Mérida, Yucatán, 05 de octubre de 2016.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) sancionará a la empresa propietaria y al piloto del helicóptero matrícula XA-EHP que aterrizó hace unos días en Isla Pájaros del Arrecife de Alacranes, frente a la costa Yucatán.
En principio, la DGAC suspendió provisionalmente la licencia al piloto, en tanto se desarrollan las investigaciones del incidente y se deslindan responsabilidades.
Pero además, el conductor de la aeronave podría ser sancionado con una multa de alrededor de 365 mil pesos, por desobedecer instrucciones del operador aéreo.
A la empresa Heliservicio, S.A. de C.V, operadora de la aeronave Bell modelo 412EP, se le podrá aplicar una multa de alrededor de dos millones de pesos por modificar sin autorización el plan de vuelo, así como por operar en aeródromos no autorizados.
Pese a las sanciones que se le aplicarían al piloto, todo parece indicar que únicamente obedeció órdenes de quienes rentaron el helicóptero, es decir, del empresario Emilio Díaz Castellanos, y del líder de la bancada del PRI en el senado, Emilio Gamboa Patrón.
Ambos personajes descendieron de la aeronave en el Arrecife Alacranes, para posteriormente subirse a un yate que los esperaba en el lugar, y se fueron a dar un paseo.
Por su parte, el delegado en Yucatán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José Lafontaine Hamui, informó que a más tardar mañana se conocería si el aterrizaje del helicóptero causó algún daño ambiental, de modo que se iniciaría un procedimiento legal sobre este caso.
Señaló que todo parece indicar que el probable responsable es el piloto, aunque se determinará el codominio legal, o sea, alguien que se responsabilice por el hecho, como puede ser la empresa Heliservicio, S.A. de C.V.
Sobre la participación del senador, Emilio Gamboa Patrón, del empresario, Emilio Díaz Castellanos, y de un funcionario federal, dijo estar consciente de la situación «pero no por el hecho de ir en la nave van a tener que recibir una sanción».
«Hasta el momento sabemos que una persona rentó la aeronave y tenemos que evaluar la responsabilidad del arrendatario. De entrada, por el simple aterrizaje se está violando una norma, pues tampoco hay autorización para esto», sostuvo Lafontaine Hamui.
Con respecto a las sanciones que interpone la Profepa por afectaciones ambientales en Áreas Naturales Protegidas, van de los 50 a 50 mil salarios mínimos, multa independiente a la que aplicará la Dirección General de Aeronáutica Civil. (Herbeth Escalante)