El líder de AMIC solicitó a las siguientes autoridades estatales y federales que eliminen el concepto de asignación directa de obras públicas
Mérida, Yucatán, 28 de septiembre del 2018.– El presidente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Francisco Gallo Palmer hizo un llamado a que las nuevas autoridades tanto estatales como federales implementen sistemas para acabar con los “moches” y la corrupción. Anunció que incluso han propuesto a la Cámara de Diputados modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios para eliminar el concepto de asignación directa de obras públicas, ya que ese modelo fomenta esas prácticas y afecta el crecimiento de las empresas del sector de la construcción.
En su visita a Mérida, Gallo Palmer expresó que el Gobierno Federal que está por concluir tuvo un alto índice de corrupción en licitaciones públicas nacionales, lo que provocó que cayeran las inversiones en infraestructura pública en 4.5%.
El presidente de la AMIC delegación Yucatán, Carlos Ramírez Aguilar explicó que esto ocurrió porque al momento de abrir las licitaciones las obras “ya tenían nombre y apellido”, además de que se les exigían moches a los empresarios que las obtenían. “Los que no nos prestamos a los moches fuimos excluidos en las licitaciones de infraestructura pública”, sostuvo.
De acuerdo a los empresarios, el 20% de las empresas constructoras y de venta de material locales cambiaron de giro por esta situación. A nivel nacional el 40% de las compañías del sector cerraron o se mudaron de estado porque no tuvieron acceso a la obra pública.
Por ello, los miembros de la AMIC han promovido ante la Cámara de Diputados modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios, para eliminar el concepto de asignación directa en obras del sector público. “Estamos solicitando piso parejo, para que todos los empresarios puedan participar de forma equitativa, democrática”, sostuvo.
Gallo Palmer añadió que el 90% de los 3 mil 500 miembros de la AMIC a nivel nacional son pequeñas y medianas empresas, por lo que eliminar las licitaciones directas supondría que esas compañías tengan posibilidades de crecer.
La AMIC también ha solicitado al Congreso de la Unión que implemente una ley para crear Comités Ciudadanos que vigilen los fallos de las licitaciones de obras públicas. “Que no haya más interventores del gobierno, que esté participando la sociedad para evitar los moches”, dijo.
Agregó que Campeche fue el estado donde percibieron mayor corrupción por la solicitud de “moches”. “Esperemos que la promesa que ha hecho el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre acabar con los moches se cumpla”, insistió.
Por otro lado, Gallo Palmer recordó que durante el sexenio la mayoría de las obras de la federación se asignaron por medio de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), los cuales “son deudas que dejará el gobierno a las siguientes tres o cuatro administraciones”. Detalló que las acciones del programa “Escuelas al 100” se realizaron bajo esa modalidad y la deuda asciende a los 85 mil millones de pesos. En cuanto al sector salud, se deberán pagar alrededor de 25 mil millones de pesos en los próximos años.
En este punto recalcó que los PPS son un ejercicio no adecuado para los gobiernos, ya que generan endeudamiento a largo plazo. “Dejan a la sociedad pagar las deudas, de servicios que son una obligación de la federación atender, como salud, seguridad y educación”, sostuvo.
Finalmente, el presidente de la AMIC comentó que la asociación asesorará a los ayuntamientos para elaborar proyectos ejecutivos y que éstos puedan bajar recursos de la federación. “Si no tienen proyectos bien armados no tendrán posibilidad de obtener fondos, y los municipios que son el primer contacto con la sociedad, deben ejecutar la obra pública en sus comunidades”, aseveró. (Lilia Balam)