Piden reactivar Consejo contra la Discriminación

Activistas y organizaciones a favor de la comunidad LGBT+ solicitan amparo contra votación cerrada en el Congreso.

Mérida, Yucatán, 19 de agosto de 2019.- Activistas, colectivos y organizaciones en favor de los derechos de la comunidad LGBT+ afirmaron que la administración estatal cuenta con las herramientas indicadas para combatir todo tipo de discriminación, no solo para este sector sino para todos los ciudadanos, mismas que se ha encargado de ignorar.

El activista Alex Orué detalló que una de estas herramientas es el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación instalado por el gobierno anterior y que la administración de Mauricio Vila no se ha tomado la molestia de convocar a sesión.

“Esta es una invitación para que reactiven este consejo y se involucren en combatir la discriminación en todas las formas. Hay herramientas e instancias dentro del gobierno que no han sido usadas y son ignoradas, ellos (el Gobierno) pueden decir muchas cosas, como la actual secretaria de Turismo que dijo realizaba políticas inclusivas para la comunidad LGBT+ pero eso no es cierto, a la fecha ninguna secretaría del Estado realiza este tipo de acciones”, mencionó.

En rueda de prensa, anunciaron también que como parte de las estrategias jurídicas para el reconocimiento de los derechos de la Comunidad y el cumplimiento del artículo 1 constitucional que prohíbe toda discriminación por orientación sexual, el pasado 5 de agosto interpusieron dos nuevas demandas de amparo contra las votaciones secretas en el pleno del Congreso del Estado y que tuvieron como consecuencia el rechazo a la iniciativa del matrimonio igualitario.

Como se recordará, el 15 de julio se llevó a cabo por segunda ocasión la votación del dictamen por el que se permitiría las uniones entre personas del mismo sexo, sin embargo el presidente de la Mesa Directiva, Enrique Castillo Ruz, decidió – por segunda ocasión- realizar la votación por cédula, argumentando que así se protegía la integridad de los legisladores.

Durante esa sesión, los diputados de Movimiento Ciudadano, PRD y Panal, advirtieron que no se contaba con las condiciones para llevar a cabo esta acción, pese a esto la votación se realizó de manera secreta, obteniendo el mismo resultado que el 10 de abril, 9 votos a favor y 15 en contra. Con este segundo rechazo, la iniciativa se daba como suficientemente discutida y desechada por completo.

Desde entonces, varios legisladores como grupos a favor de la comunidad LGBR+ han señalado como errónea la decisión del presidente de la Mesa Directiva del Congreso pues dicen “ni la Ley General del Poder Legislativo del Congreso, ni su Reglamento, lo facultan para imponer ese método de votación, mucho menos sin la aprobación mayoritaria de las y los legisladores”.

Por lo anterior y en lo que califican como un nuevo capítulo, interpusieron dos nuevos recursos legales contra el Poder Legislativo por haber realizado la votación secreta, que argumentan es antidemocrática e ilegal.

El primero fue firmado por miembros de la Comunidad LGBT+ y familiares y se encuentra en el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Mérida bajo el expediente 1052/2019. El segundo, detallaron, se presentó por organizaciones de derechos humanos colectivos y activistas que trabajan en favor de los derechos de la Comunidad LGBT+ y que será resuelta por el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Mérida, bajo el número 1058/2019.

“Yucatán sale cada vez más del closet y se reconoce como una entidad diversa en la que todas y todos tenemos derecho a la misma igualdad. A lo largo de 20 años no nos han detenido.. En 20 años hemos visto cómo las voces a favor de la igualdad han ido aumentando cada vez más, hasta llegar hoy a manifestaciones de apoyo que eran inimaginables”, sentenciaron.

Ante ello y pese a que no ha sido aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo y de que el Gobierno no ha aplicado las herramientas en favor de este sector, advirtieron que estos dos amparos son la primera de muchas acciones legales, culturales y mediáticas que emprenderán como “Frente por los derechos de la población LGBT+”.

Karen Clemente.