Con motivo del 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, enfatizaron la gravedad de la situación de violencia de género
Mérida, Yucatán, 11 de diciembre del 2018.- Con motivo del 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones yucatecas manifestaron su preocupación respecto a los altos índices de impunidad y la gravedad de la situación de violencia de género que se vive en el estado, pese a que frecuentemente es calificado como la entidad más pacífica y segura del país. Añadieron que particularmente, hay diversos pendientes con el sector femenino de la población y con la comunidad indígena en materia de derechos humanos.
El director de las Jornadas de Derechos Humanos, René Ramírez Benítez, comunicó que aunque según el Institute for Economics and Peace, el estado es considerado el más pacífico de la República, de acuerdo a la organización “México Evalúa” en la entidad el 41% de las investigaciones de delitos están pendientes o “estancadas”. Dicha agrupación también establece que el índice de impunidad del Sistema Penal Acusatorio es de 98.8% y sólo el 1% de los casos llegan a un tipo de resolución.
“Yucatán es una de las entidades con mayor índice de impunidad a nivel nacional. Esto quiere decir que cualquier persona que acuda ante el sistema de procuración de justicia se enfrentará a este grave problema”, sostuvo y recalcó que las administraciones tanto a nivel federal como estatal tienen un gran reto que entender este fenómeno y mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia.
Por otra parte durante la lectura del pronunciamiento de las asociaciones con motivo del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el presidente de las Jornadas de Derechos Humanos, Pablo Quiñones Guzmán enfatizó que en el estado es preocupante la situación de la violencia de género en el estado, ya que en lo que va de este año se han registrado siete feminicidios, 222 abusos sexuales y seis violaciones contra mujeres.
“Esta escalada de violencia resulta alarmante, por lo que exhortamos a las autoridades a que se apliquen políticas públicas eficientes para detener la violencia de género contra la mujer, lo que incluye hacer frente a las raíces del problema, como son la violencia, estereotipos discriminatorios y la marginalización de la mujer”, puntualizó.
En el pronunciamiento también se señalaron las faltas a los derechos de la población maya y la necesidad de trabajar a favor de la libre determinación de los pueblos originarios, “lejos de cualquier contexto de discriminación”. De igual forma, se enfatiza la urgencia de resolver los casos de tortura policial que se han presentado en el estado y que han sido documentados por organismos internacionales como Amnistía Internacional México.
El mencionado documento también llama la atención sobre “el abuso de autoridad” en materia de regulación de tarifas eléctricas, ya que ha afectado el derecho al trabajo digno, a un desarrollo económico sostenible y a un medio ambiente sano. “Se ven afectadas distintas personas de nuestras comunidades por lo cual rechazamos cualquier acción que continúe vulnerando los mencionados derechos”, leyó Quiñones Guzmán.
Finalmente, en el pronunciamiento se solicita que el Sistema Estatal Anticorrupción cuente con “fortalecimiento institucional” para su “eficaz funcionamiento”. (Lilia Balam)