Mientras pobladores se manifestaban en la mega granja, la Profepa clausuró sus cenotes
Homún, Yucatán, 21 de septiembre de 2018.- Mientras decenas de pobladores de Homún protestaban a las puertas de una megranja porcícola por temor de que contamine el agua de esa localidad, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuraron las instalaciones de cinco cooperativas turísticas de sus cenotes.
Los inconformes consideraron esta acción como una provocación por parte de las autoridades, por lo que terminaron su manifestación para trasladarse en mototaxis a los paraderos turísticos a detener a los funcionarios de esa dependencia federal.
Como se ha informado, integrantes de la agrupación Guardianes de los Cenotes de Homún convocaron a una protesta para cancelar de manera simbólica la mencionada granja de la empresa Kekén, pues consideran que durante su operación contaminará con excremento de cerdo el agua del pueblo y sus cenotes, por lo que perjudicará su principal actividad económica, el ecoturismo.
“No vamos a permitir que unos cerdos nos derroten”, exclamó Carolina Ix Chin durante la protesta que realizaron afuera de la instalación porcícola, ubicada a siete kilómetros del centro del municipio, que se encuentra en la zona de reserva hidrológica más importante de Yucatán.
Los pobladores señalaron que a pesar de que todavía no se han resuelto los juicios de amparo que han presentado ante jueces federales para impedir la operación de la mega granja, han detectado que están ingresando camiones con cerdos a ese lugar.
Por tal razón declararon que las autoridades traicionaron al pueblo al permitir que se intente contaminar su medio ambiente y dañar la salud de los habitantes. Además, dijeron de que la administración de Rolando Zapata Bello ha privilegiado a los empresarios sin respetar la libre autodeterminación de las comunidades mayas.
“Todo esto no estaría sucediendo sin la corrupción judicial, por eso denunciamos que en Yucatán no existen condiciones para que el pueblo maya pueda acceder a la justicia y enfrentar en igualdad de circunstancias a estos megaproyectos”, declaró el activista y abogado Jorge Fernández Mendiburu, de la asociación civil Indignación, dedicada a la defensa de los derechos humanos.
Pero justo cuando los pobladores protestaban, les avisaron que delegados de la Profepa estaban realizando operativos en las palapas turísticas de los cenotes –es decir, en los lugares donde ellos trabajan- y que se los estaban clausurando.
Por tal razón, dejaron de protestar, se subieron a sus mototaxis y se dirigieron a esos lugares para impedir que los funcionarios de la Procuraduría siguieran con esas acciones. Era tanto el enojo de los habitantes, que incluso los activistas temieron que los lincharan.
Visiblemente enojados, lograron alcanzar a los cinco inspectores en el cenote “Bal-mil” y retuvieron sus dos camionetas “para que no se escaparan”. Se quejaron de que “los haya mandado el gobierno” para vengarse o como represalia por sus protestas contra la granja.
Los furiosos pobladores obligaron a dichos funcionarios a quitar los sellos de clausura de ese parador, a pesar de que ellos intentaban explicarles que no contaban con los permisos de Manifiesto de Impacto Ambiental, es decir, que no debieron construir en los alrededores de cenote sin antes tomar medidas de recuperación de la vegetación.
Sin embargo, a manera de “castigo”, la gente obligó a los inspectores a caminar bajo el sol aproximadamente cinco kilómetros hasta otro cenote llamado “Canun che en”, para que también retire los sellos de clausura. Durante el trayecto los estuvieron insultado, y por momentos hubo empujones.
Los activistas de Indignación pidieron a los pobladores que guardarán la calma y que no caigan en actos de violencia, pues consideraron que la acción de la Profepa fue una provocación del gobierno, ya que sólo clausuraron los paradores de los principales líderes del movimiento Guardianes de los Cenotes.
De regreso a la carretera principal de Homún, aproximadamente 30 antimotines con policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) esperaban la llegada de los pobladores con los funcionarios federales, para evitar conflictos.
Ahí, la gente “entregó” a los inspectores a los uniformados y uno de ellos fue trasladado a un centro de salud porque se empezó a sentir mal. Al final llegaron a un acuerdo: tenían que quitar los sellos de los otros tres cenotes para que los dejaran ir. (Herbeth Escalante)