En cuanto al turismo electoral, se han cumplido 478 órdenes de captura, 38 sentencias condenatorias y 7 absolutorias
Mérida, Yucatán, 11 de septiembre del 2017.- El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo declaró que se espera que en los comicios del próximo año en el país repunten los delitos electorales, pues del 2015 a la fecha se han incrementado en todas las elecciones el número de llamadas de quejas de los votantes.
En el último proceso, realizado este año, se registraron 4 mil llamadas, 2 mil de ellas en el Estado de México el día de la jornada electoral. Por ello se proyecta que aumenten los casos de delitos electorales en 2018.
Entre las conductas que se prevé se denuncien de manera más frecuente se encuentran el financiamiento ilícito de las campañas, compra de votos, condicionamiento de programas sociales y peculado electoral. En el caso del turismo electoral, se espera que disminuyan los casos con la homologación de los candelarios electorales.
Sobre el turismo electoral informó que en el caso del 2013, cuando operadores del Partido de la Revolución Institucional (PRI) de Yucatán y Campeche fueron acusados de movilizar a cerca de 6 mil ciudadanos de distintos municipios yucatecos, se han cumplido 478 órdenes de captura, se han emitido 38 sentencias condenatorias y 7 sentencias absolutorias.
Agregó que “en este momento se encuentran todavía muchas órdenes pendientes”. Asimismo, señaló que hay casos que están en apelación y hay 69 carpetas de investigación en curso.
Respecto al turismo electoral, Nieto Castillo indicó que generalmente se da en comunidades marginadas.
“Generalmente son personas de comunidades rurales que son engañadas por parte de actores políticos para movilizarlos. En muchas ocasiones no les pagan la contraprestación que les prometieron: trabajo o dinero. Entonces lo que busca la FEPADE no es criminalizar la pobreza, no es ejercer acción contra los pobres, sino encontrar a los actores políticos”, sostuvo.
El fiscal detalló que el 1% de la población controla el 24% de los recursos del país, y el 10% controla el 60% de los recursos. “Ante esas desigualdades, la compra de votos en algo le beneficia a los partidos políticos, porque si no, no tendrían esa conducta”. Sugirió que en casos en los que se descubrirá una red de corrupción detrás de la compra de votos, debería darse prisión preventiva oficiosa a quienes sean inculpados.
De igual forma, Nieto Castillo explicó que desde 2014 han aumentado las investigaciones de presuntos delitos electorales, en particular los relacionados con alteraciones al registro Federal de Electores y con financiamiento ilícito de campañas electorales.
Detalló que en 2014 se tenían 13 investigaciones, en 2015 fueron 161; y en 2016, con 14 procesos electorales locales, fueron 624 y este año, cuando se realizaron solo cuatro proceso electorales, se abrieron 214 carpetas.
Añadió que históricamente, el Estado de México, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas son los estados con mayor número de casos de delitos electorales.
Insistió en que los problemas centrales del país son la corrupción y la impunidad. “El sistema tradicional de justicia nos daba como resultado solamente un 3% de sentencias condenatorias respecto a los delitos cometidos, esto indica 97% de impunidad. Hoy con el nuevo sistema la idea es transitar a un nuevo modelo sancionador con pena de privación de libertad”, señaló.
A su vez, el fiscal agregó que para evitar y combatir que incremente el número de delitos electorales en los comicios del 2018 se crearán alianzas con fiscalías locales y con la Procuraduría General de la República (PGR) para que las denuncias se realicen en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que “las gentes no quieren ir a las delegaciones ni subdelegaciones para hacer denuncias”.
De igual forma, subrayó que se incrementará el patrullaje: por cada vehículo de la FEPADE habrán dos vehículos de la Policía Federal para vigilar acciones como la instalación de las casillas, ya que esto inhibe comportamientos delictivos.
Sin embargo, Nieto Castillo recalcó que “el problema no está en las casillas, el problema es cómo llegan los votos a las urnas”. Y finalizó comentando que se blindará el proceso electoral para evitar el condicionamiento de los programas sociales. Asimismo se impartirán cursos a servidores públicos para que conozcan qué pueden o no hacer en el proceso electoral. (Lilia Balam)