Organizaciones civiles criticaron que autoridades no detienen los hostigamientos de rezadoras
Mérida, Yucatán, 23 de marzo del 2018.- Activistas de diferentes redes defensoras de los derechos humanos exigieron a las autoridades municipales y estatales intervenir en el caso del ataque y los hostigamiento denunciados por la directora de la Clínica de los Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Sandra Peniche Quintal, quien en días pasados fue herida por un hombre en frente de esas instalaciones médicas.
En rueda de prensa, la doctora señaló que las representantes de la campaña “40 días por la vida” no han cesado el hostigamiento hacia quienes acuden a la clínica y alegó que “lejos de tener una connotación religiosa es una violación a los derechos humanos”, en particular de ella que ahí ejerce profesionalmente.
Cuestionó la inacción de las autoridades, ya que según informó, la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra suspendida, debido a que la persona detenida se encuentra en el Hospital Psiquiátrico y dicha instancia comunicó al Juzgado que primero se le debe brindar tratamiento y posteriormente continuará el proceso como imputable.
“La pregunta a las autoridades es, ¿qué están esperando? ¿Mi cadáver como intentaron hacer?”, declaró Sandra Peniche.
Por su parte, representantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, del Comité de América Latina y el caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, de la Red de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir condenaron los ataques y el hostigamiento denunciados por la doctora.
Martha Juárez, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, comunicó que además de escribir un posicionamiento y entregarlo tanto al Ejecutivo Estatal como en la Oficina de la Representación del Gobierno de Yucatán –donde el día de hoy se realizó una manifestación para apoyar a Peniche Quintal-, también cuentan con apoyo de la senadora Martha Tagle Martínez y de un legislador, de quien no especificó el nombre, que ha presentado un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados sobre el suceso.
“La exigencia a las autoridades municipales y estatales es actuar. Son responsables de la seguridad de Sandra, de que cese el acoso y hostigamiento a la doctora y a las instalaciones. Moveremos los diferentes apoyos para que la doctora pueda hacer su trabajo en condiciones de dignidad. Quizá podamos evitar una agresión más”, sostuvo.
Las activistas pidieron a las autoridades eclesiásticas que cesen los ataques y añadieron que continuarán con los procesos necesarios para garantizar la seguridad de Peniche Quintal y de las usuarias de la clínica. (Lilia Balam)